No podíamos dejar sin analizar esta nueva ley en mi blog jurídico. El 4 de diciembre de 2024 entra en vigor la Ley Orgánica 5/2024, aprobada el 11 de noviembre. Este texto legal busca unificar y consolidar las distintas interpretaciones y desarrollos del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.
A lo largo de los años, esta protección ha sido moldeada tanto por los tribunales nacionales como por instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por acuerdos normativos internacionales.
Aspectos clave de la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa
Confidencialidad entre abogados
La norma establece que las comunicaciones entre abogados relacionadas con un litigio, incluso si son previas a la judicialización, son confidenciales y no podrán ser utilizadas como prueba en un juicio.
Sin embargo, esta confidencialidad puede ser exceptuada si:
- Las comunicaciones se obtuvieron conforme a la ley.
- Los abogados implicados consienten su uso.
- Se advirtió de forma explícita su posible utilización judicial.
Transparencia en costes legales
Los abogados tienen el deber de informar de forma clara y accesible sobre los costos asociados al proceso, la forma de calcular sus honorarios y las implicaciones económicas de una condena en costas. Como novedad, se autoriza a los colegios de abogados a publicar criterios orientativos para la tasación de costas y jura de cuentas, algo que hasta ahora había sido cuestionado por el Tribunal Supremo por posible conflicto con la normativa de competencia.
Derecho de acceso y lenguaje claro
Los justiciables tienen derecho a conocer el estado y contenido de su expediente. Además, los actos y comunicaciones deben utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible, adaptándose especialmente a menores de edad y personas con discapacidad.
Asistencia jurídica gratuita para empresas
La ley amplía la asistencia jurídica gratuita a microempresas en procedimientos concursales, así como a sociedades en insolvencia actual o inminente, o que se encuentren en disolución y no hayan tenido actividad económica en el último año.
Principio de interpretación favorable
Cualquier duda interpretativa sobre el alcance del derecho de defensa deberá resolverse a favor de su ejercicio. Asimismo, se concede a los jueces y tribunales la posibilidad de extender los plazos de manera justificada, garantizando la igualdad entre las partes.
Un paso hacia la sistematización
Esta ley busca no solo armonizar las normativas existentes, sino también proporcionar claridad y garantías para que los ciudadanos comprendan mejor sus derechos en todo tipo de controversias, ya sea ante los tribunales, las administraciones públicas o mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Fuentes: BOE
